Justicia Internacional

Los perpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos saben que cada día hay menos lugares donde esconderse de la justicia.

“El arresto del dictador Pinochet en Londres significó romper el círculo de impunidad”

Amanda Silva Alvarez , hija de ejecutado extrajudicialmente durante el régimen militar en Chile.

El 17 de julio de 1998 fue aprobado el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, un tribunal permanente con competencia para juzgar los crímenes más graves cometidos contra los seres humanos, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

Tres meses después, el 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet Ugarte fue detenido en Londres a instancias de las autoridades españolas, que habían emitido una orden de busca y captura internacional contra él, acompañada de una solicitud de extradición. Aunque ésta finalmente no se produjo, los procedimientos judiciales a los que el arresto del ex mandatario chileno dieron lugar confirmaron en la práctica la norma de la jurisdicción universal.

El principio de jurisdicción universal establece que cualquier Estado del mundo puede investigar y, si existen pruebas admisibles suficientes, procesar a cualquier persona sospechosa o acusada de haber cometido un delito contemplado por el derecho internacional, independientemente de la nacionalidad del sospechoso o acusado y de las víctimas, y del lugar en que se cometió el delito.

En opinión de Amnistía Internacional, el principio de jurisdicción universal ha demostrado ser una efectiva herramienta jurídica en la lucha contra la impunidad.

A raíz del caso Pinochet, durante la pasada década varios presuntos responsables de violaciones de derechos humanos han sido o están siendo investigados o procesados sobre la base de la jurisdicción universal en países como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, Suecia y Suiza.

La lucha contra la impunidad también ha logrado estrechar el cerco a ex jefes de Estado. Entre ellos figuran el peruano Alberto Fujimori, el chadiano Hissène Habré, y el liberiano Charles Taylor, que está siendo juzgado por un tribunal internacional, el Tribunal Especial para Sierra Leona.

En el caso de España se han presentado ante los tribunales 17 demandas judiciales basadas en jurisdicción universal. De ellas, 11 han sido admitidas a trámite. En un caso –el militar argentino Adolfo Scilingo-, se ha llegado a celebrar un juicio oral que ha terminado en un sentencia condenatoria.

Pese a los avances registrados en la última década, aún queda mucho por hacer para conseguir que el principio de jurisdicción universal sea reconocido total y efectivamente por las autoridades judiciales y gubernamentales. Por eso, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una serie de iniciativas para conseguir ampliar el espacio de aplicación de la jurisdicción universal, como la organización de campañas de presión hacia las autoridades y la publicación de informes sobre la cuestión. .