Protocolo Facultativo: Justiciabilidad de los derechos

Supón que te han desalojado de tu casa. Tu familia se queda en la calle, pero la legislación de tu país no te brinda protección ni ningún tipo de indemnización. ¿Qué haces? ¿A quién recurres?

Supón ahora que estás embarazada, pero no puedes acceder a la asistencia médica materna que te puede salvar la vida sin sobornar a algunos funcionarios del sector hospitalario, algo que no estás en condiciones de hacer. ¿A quién te quejas?

Los derechos económicos, sociales y culturales de muchas personas de todo el mundo, sobre todo las que viven en la pobreza o pertenecen a otros grupos marginados, se violan de manera cotidiana. Entre ellos figura el derecho a la educación, a una vivienda adecuada, al agua, a servicios de saneamiento, a la salud y a la alimentación. Con demasiada frecuencia, a dichas personas se les niega la justicia cuando intentan que se reparen dichas violaciones.

En distintas zonas del mundo existe la necesidad urgente de reforzar la rendición de cuentas por violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. En numerosos países no se reconocen muchos de estos derechos, o incluso ninguno, o no se pueden hacer efectivos en los tribunales, situación que no deja demasiadas esperanzas de obtener una reparación efectiva. Los recursos existentes también pueden ser inefectivos a la hora de proporcionar reparación a las víctimas, por ejemplo mediante indemnización, rehabilitación y restitución, o no estar respaldados adecuadamente por la ley.
 
Durante los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha trabajado con otras organizaciones locales, nacionales e internacionales para reforzar la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. En la Campaña Exige Dignidad vamos a potenciar y ampliar nuestras actividades al respecto.

A escala internacional, seguiremos luchando en favor de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En él se crea un mecanismo que prevé vías de reparación para las personas que no pueden obtener justicia en sus respectivos países. Es probable que las decisiones de este mecanismo influyan en las resoluciones adoptadas por  tribunales nacionales y regionales de todo el mundo.

Amnistía Internacional aprovechará esta oportunidad para establecer un diálogo con los gobiernos sobre las medidas que deben adoptar a escala nacional para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales estén respaldados por la ley y que las víctimas tengan acceso a recursos efectivos.

Amnistía Internacional se movilizará también públicamente en favor de la aplicación de resoluciones judiciales clave sobre derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, puedes sumarte a nuestro llamamiento al gobierno paraguayo para que aplique la resolución adoptada por la Corte Interamericana sobre la devolución de tierras a dos comunidades indígenas.